Renovación de concesiones

14/02/2017

RENOVACIÓN DE CONCESIONES*

 

Es bien sabido que en España rige la economía de empresa en el marco de la economía de mercado, compatible con la planificación en los términos del art. 38 de la C.E. La compatibilidad entre la libertad de empresa y la planificación funciona del siguiente modo:

 

a) La planificación hidrológica, como la territorial o cualquier otra, tiene un contenido normativo que establece los límites de lo que se puede y no puede hacer en el sector o área planificados, que son vinculantes para todos.

 

b) Y tiene un contenido proactivo, compuesto de medidas concretas, directrices y recomendaciones, vinculantes para el sector público y orientativo para el sector privado. La lógica de esta diferencia es la siguiente: los gestores públicos deben obedecer las decisiones políticas de los planes hidrológicos, cualquiera que sea la forma que adopten. Los empresarios privados, en cambio, pueden y deben tomar sus propias iniciativas, permaneciendo a la espera de los resultados de la iniciativa pública para actuar en consecuencia. En el sector agroalimentario así se ha hecho tradicionalmente, p. ej., con las actuaciones del IRYDA.

 

Observamos que el RDPH tan solo considera invariables las características esenciales, previa autorización, tal como se expresa en sus arts. 143 y 144. Las características esenciales se están entiendo de forma muy amplia: cambio de titular (compraventa o sucesión), caudal máximo y medio a derivar (en más o menos), punto de toma (toma de sustitución, profundización de la toma, toma de apoyo a la existente), finalidad de la derivación (cambio de uso o ampliación), superficie regada (traslado de la superficie regada a otros terrenos, rotación de superficie dentro de un perímetro mayor). Considero que no debe incluirse dentro de los supuestos que requieren la modificación de la concesión el cambio de sistema de riego, la variación del cultivo o la forma de captación del agua (sistema de régimen de libre gravedad por un sistema de riego a presión o forzada) si se mantiene el mismo punto de toma del rio. Ello es así, porque por ejemplo, en la Confederación hidrográfica del Tajo ni en la normativa del Plan hidrológico ni el Reglamento del Dominio Público Hidráulico se contienen preceptos imperativos para los regadíos privados definitorios del tipo de riego (tradicional, por aspersión o por goteo) a efectuar. Ahora debe añadirse que la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, tampoco lo regula.

 

Los inconvenientes que presentan la solicitud de una modificación de características de una concesión por una Comunidad de Regantes o usuario particular es que: i) primero, el procedimiento es largo y lento (puede tardar hasta dieciocho meses) y ii) en segundo término, se reduce considerablemente la dotación de agua o volumen máximo inicial reconocido en el título, sin ningún tipo de compensación económica. Ello es así, porque se aplicarán las dotaciones máximas establecidas en los planes hidrológicos aprobados por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero que son claramente insuficientes para determinados cultivos (berréis, cítricos, almendras etc.).Esta disminución de las dotaciones iniciales desincentiva que los agricultores quieran solicitar una modificación, si van a ver reducido el volumen de agua concedido en su concesión y iii) en tercer lugar, puede terminar en la caducidad de la concesión si durante la tramitación del expediente de modificación de características no queda justificada para la Administración la modificación realizada.

 

Finalmente, tampoco se incentiva el cambio del sistema de riego a otros más eficientes (gravedad a aspersión o riego por goteo), ya que el agua ahorrada irá al Organismo de cuenca que la asignará a otros usos o restricciones ambientales. Es preferible con el agua ahorrada con la modernización de los regadíos (máxime si han participado en su financiación los regantes) permitir al concesionario (particular o Comunidad de Regantes) mejorar los regadíos infradotados, destinar el agua a otro usos, previa autorización de la Administración hidráulica o ceder el agua ahorrada a otro usuario mediante el contrato de cesión de derechos. A efectos del dominio público hidráulico la iniciativa privada tiene la capacidad de decidir el tipo de riego que va a utilizar. En otras palabras, todo lo relativo al modo de riego compete al concesionario, que es quien organiza la explotación agroalimentaria en la que se van a utilizar los recursos hidráulicos concedidos al efecto.

 

El Derecho permite la modificación de concesiones. En el caso de los servicios públicos se han hecho muchas, amparadas bien en la “cláusula de progreso” del Derecho Administrativo, bien en la cláusula “rebus sic stantibus” del Derecho Civil. En el caso del dominio público, también se han modificado muchas concesiones, incluso en sus elementos esenciales, como la duración (autopistas de peaje) o los compromisos económicos (reequilibro concesional). El tiempo transcurrido desde la concesión original, los avances tecnológicos y la incrementada competencia internacional, avalan la dedicación del caudal comprometido para el riego por aspersión al riego por goteo regulado por ordenador, más avanzado, productivo y eficiente.

 

Impedir su aplicación sería tanto como impedir la sustitución de unas turbinas por otras mejores en una concesión hidroeléctrica, o la automatización del sistema de almacenaje y recuperación de contenedores en una concesión portuaria. No estamos exagerando; los cambios determinados por la evolución tecnológica y la globalización de los mercados en la industria agroalimentaria son igual de impresionantes que los de los sectores energético o del transporte. Lo que el Derecho permite y es exigido por las circunstancias debe serle admitido al concesionario que está dispuesto a asumir las inversiones y afrontar el riesgo empresarial de la mejora tecnológica en cuestión. Por imperativo constitucional, todas las Administraciones Públicas deben favorecer, no obstaculizar, la incorporación de tecnologías modernas en la agricultura española.

 

 

Mónica Sastre Beceiro

Socio

 

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(*)Estudio publicado en el número 50 – diciembre 2016 del Boletín Inter Cuencas, divulgado por FENACORE (Federación de Comunidades de Regantes de España).

 

 

 

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