Después de casi 20 años con un desfasado PGOU de Madrid

Después de casi 20 años con un desfasado PGOU de Madrid, parece que el Consistorio madrileño se mueve, con criterios dispares. Ciudadanos ha apostado decididamente por abrir la caja de Pandora a fin de que comience, de una vez por todas, la tan esperada –como necesaria- reforma del PGOUM. No le falta razón sustantiva (el Plan de 1997 se nos antoja antediluviano) pero el equipo de Gobierno liderado por Ahora Madrid se resiste a iniciar un largo procedimiento que no hará sino abrir heridas. Y el PP, de momento, solo ha constatado lo que todos sabemos (que el PGOU de 1997 está desfasado), pero bien conoce –porque ha gobernado- las serias dificultades que comporta la elaboración de un nuevo PGOU.

 

Curiosamente, ve la luz en estos días un libro [“Los Efectos de la Nulidad de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico”], en el que hemos participado, y en cuya contraportada se alude a las sucesivas sentencias que han declarado nulos los Planes de Madrid, Orense, Vigo, Castellón, Marbella, Cuenca, Toledo, Alcorcón y otras tantas ciudades (Santander se me viene a la mente mientras escribo estas líneas). Y es que, mientras la acción popular siga campando por sus respetos en sede urbanística, acometer un nuevo PGOU puede concebirse como una tarea sólo apta para valientes (¿o temerarios?), a la espera de que cualquier informe que falte, cualquier fase de información pública no atendida, en definitiva, cualquier defecto formal, se lleve por delante la totalidad del Plan.

 

Precisamente, la semana pasada conocíamos las líneas básicas de la reciente STC de 16/02/2017 (cuando escribo estas líneas aún no la he visto publicada en el BOE) que declara inconstitucional el precepto de la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha de 2004 que permitía saltarse la fase de información pública después de introducir modificaciones sustanciales en un Plan (en ese caso era el de Toledo). La sentencia no es novedosa, porque el Tribunal Supremo ya había dicho lo mismo en varias ocasiones previas. Pero en el caso de Toledo el Tribunal Constitucional anuló la sentencia del Tribunal Supremo para poner por delante su propia competencia. Resultado: varios años de pérdida de tiempo para llegar a lo mismo.

 

Con todo, es un ejemplo más de los graves problemas que afrontan las Corporaciones Locales cuando abordan la elaboración del PGOU completo, y nos hace preguntarnos a todos si la legitimación activa en los procesos de impugnación del Plan no debería limitar los efectos de la posible sentencia a los intereses realmente perseguidos por el impugnante. Pero, claro, eso nos lleva a la cuestión general de las nulidades de las normas –el PGOU lo es- por defectos formales ¿no debería aplicarse la misma vara de medir, de modo que las nulidades formales sólo aprovechen a quien impugna? Soy perfectamente consciente de que –en buen derecho- esto que afirmamos puede parecer exagerado, pero... pensemos un poco. La jurisprudencia afirma que las nulidades formales sólo pueden esgrimirse por impugnación directa (no por impugnación indirecta). Ello significa que si transcurren más de dos meses, los posibles defectos formales del Plan (o de cualquier norma) quedan subsanados por la sola prescripción de la acción; cosa que no ocurre con las nulidades sustantivas, que siempre quedan abiertas al recurso indirecto. Así vistas las cosas, parece que lo verdaderamente importante son las nulidades sustantivas (que nunca se sanan por el sólo transcurso de los dos meses de impugnación). Y, sin embargo, los efectos devastadores de la nulidad formal son absolutos: muere la norma toda entera.

 

Alguien debería reflexionar un poco sobre ello. Pero, mientras las cosas sigan como están, sigo pensando que abordar todo un PGOU es cosa de valientes.

 

Rafael Ariño Sánchez

Socio Director

 

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