La convalidación de un Real Decreto anulado por sentencia judicial firme: el trasvase del rio Castril

22/03/2017


Con motivo de la celebración del #DíaMundialDelAgua quiero compartir con vosotros un interesante estudio en el que os presento el caso del trasvase del rio Castril, cuyas obras estaban contempladas en el Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre, donde se adoptaron diversas medidas administrativas calificadas de “excepcionales” para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro. Dicha norma reglamentaria fue anulada por sentencia judicial firme del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2009.

 

Ante la imposibilidad de continuar las obras del trasvase, a través de la Disposición decimoquinta de la Ley 22/2012, de Residuos y Suelos Contaminados “se convalidan” las obras y actuaciones realizadas, cuyo objeto y contenido no guarda ninguna relación con la disposición cuestionada y además no es una norma con vocación de generalidad. Ello llevo al Tribunal Supremo a plantear una cuestión de inconstitucionalidad por considerar que se vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva (Art. 24 de la CE).

 

 

Introducción. El marco normativo inicial que desarrollaba el trasvase del rio Castril

 

Mediante el Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre («BOE» núm. 301, de 17 diciembre 2005), se adoptaron diversas medidas administrativas calificadas de “excepcionales” para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro. Dicha norma acabaría siendo declarada nula por sentencia firme del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2009. En el marco de dicha norma, por Acuerdo de la Ministra de Medio Ambiente de 21 de noviembre de 2006, no publicado en el Boletín Oficial del Estado, se autorizó la ejecución de unas obras y expropiaciones por emergencia para la realización de una conducción para el abastecimiento de agua al municipio de Baza, comúnmente conocido como “Trasvase del río Castril” desde el embalse del Portillo.

 

Previamente a la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 2006, en el año 2005 se habían descartado diferentes proyectos de trasvase que se pretendían realizar en el río Castril, debido a que tales proyectos incumplían tanto normas nacionales como europeas, tomándose entonces la decisión de buscar soluciones alternativas que en ningún caso afectasen al citado río o que, si resultase necesaria tal afectación, la captación de las aguas se hiciera desde la desembocadura del mismo.

 

Una vez adoptada esa decisión, por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se convocó una subasta pública para la realización de un estudio previo para la captación de agua desde la desembocadura del río Castril, denominado “ESTUDIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE UNA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRANEA EN EL ACUÍFERO ALUVIAL DEL RIO CASTRIL”. La empresa adjudicataria terminó el estudio en el mes de marzo del año 2006, proponiéndose varias alternativas tras analizar las diferentes posibilidades de captación. La primera de las alternativas consistía en una actuación en la parte baja del río, debido a que la “sensibilidad ambiental existente en la zona” hacía recomendable “que el desvío se realice en la desembocadura del río Castril, así el agua habrá hecho su recorrido natural”. Otra alternativa, de más rápida ejecución y más económica, consistiría en bombear directamente el agua desde el embalse del Negratin, situado en el parte nororiental de la provincia de Granada, en el mismo término municipal donde se pretende trasvasar el agua. Ese bombeo ya se estaba realizado en el momento en que se aprobó por emergencia las obras del Trasvase del Castril y que abastece de agua potable a la vecina provincia de Almería, solución esta que no necesitaba de nuevas inversiones.

 

Inexplicablemente, a pesar de que las infraestructuras del trasvase Negratin-Almanzora, que estaban suministrando agua potable a Almería, pasaban por el municipio de Baza a la altura del depósito principal de abastecimiento de agua, desde la Confederación de Aguas del Guadalquivir se optó por captar el agua desde la desembocadura del río Castril y se empezó a desarrollar el “PROYECTO DE CONSTRUCIÓN DE LA CONDUCCIÓN PARA ABASTECIMIENTO EN ALTA A LAS POBLACIONES DE ZUJAR, BAZA Y CANILES. PROVINCIA DE GRANADA” que requería de una mayor inversión económica y que resultaba más dañino para el medio ambiente.

 

En la Evaluación Ambiental del citado Proyecto, por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en su apartado 1º “Justificación de la actuación”, se indicaba la existencia de soluciones alternativas que hacían innecesarias las obras del trasvase del río Castril. Apartándose de la referida Evaluación Ambiental, en el año 2006 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dio un cambio de dirección sobre el proyecto de abastecimiento de agua para Baza y aprovechando la ampliación de plazo del Real Decreto 1419/2005, que habilitaba a las Confederaciones reflejadas en él a adoptar medidas administrativas excepcionales, paralizó el proyecto que se estaba desarrollando y optó por desarrollar las obras por la vía de urgencia justificándolas en una hipotética Emergencia que nunca fue tal en el municipio de Baza, como se ha demostrado con el paso del tiempo, y que en caso que así hubiese sido había soluciones alternativas mucho más rápidas y menos costosas para las arcas públicas como se ha descrito anteriormente.

 

1º.- El inicio de la ejecución de las obras del rio Castril con especial afección a los municipios ribereños

 

Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, amparándose en el Real Decreto 1419/2005, se instó al Ministerio de Medio Ambiente para que procediese a la aprobación de la Orden Ministerial que autorizó la ejecución de las obras y expropiaciones por emergencia, firmada por la Ministra de Medio Ambiente el día 21 de Noviembre del 2006 y aprobada en Consejo de Ministros el día 16 de diciembre del mismo año, Orden esta que nunca se publicó. Con base en dicha Orden Ministerial comenzaron a ejecutarse las obras del denominado trasvase del río Castril. Las obras se iniciaron en el municipio de Baza, receptor de las aguas del trasvase.

                     

Posteriormente dieron comienzo las obras en los municipios de Castril y Cortes de Baza, principales perjudicados por el trasvase. Inmediatamente, la Plataforma por la Defensa del rio Castril, diferentes colectivos ecologistas y los Ayuntamientos afectados denunciaron que pese a la declaración de “emergencia” las obras del Trasvase del río Castril eran innecesarias y además se habían iniciado sin los preceptivos informes legales, como el proyecto por donde iban a discurrir, y ni siquiera se había hecho pública la relación de fincas afectadas ni se había iniciado el proceso de expropiación de terrenos, que se iniciaría dos años después en el año 2008 (actualmente las expropiaciones continúan inconclusas, faltando más del 50 % de las mismas).

 

Por los mismos motivos anteriormente expuestos, tampoco se hizo ningún Estudio de Impacto Ambiental al carecer de proyecto las obras que se iban a realizar. Posteriormente al comienzo de las mismas en el 2009 salió publicado en el BOE la Resolución de 6 de febrero del 2009, de la Secretaria de Cambio Climático, por la que se adoptaba la decisión de no someterlo a Evaluación de Impacto Ambiental, obviando las afecciones al rio Castril, entre otras el cruce de las obras por tres puntos diferentes en el cauce del río, con los consiguientes daños medioambientales.

 

Es importante destacar la especial afectación que supone el trasvase del río a los pueblos ribereños y especialmente al municipio de Castril, pues esta antigua ciudad ubicada en la falda de una escarpada peña ha vivido siempre en gran medida de este río, por lo que el desarrollo económico y social de la localidad se vería muy perjudicado de culminarse el trasvase y entrar en funcionamiento. Además, se ha constatado que esa actuación hidráulica provocaría un grave daño medio-ambiental a toda la zona; existiendo otras alternativas mejores para garantizar el abastecimiento de agua al municipio de Baza, como refleja el estudio elaborado por la sociedad TECNOMA denominado “ESTUDIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE UNA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRANEA EN EL ACUÍFERO ALUVIAL DEL RIO CASTRIL”, al que se ha hecho referencia anteriormente.

 

Efectivamente, otro estudio denominado “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROTECCIÓN DE POBLACIONES FAUNÍSTICAS DEL RÍO CASTRIL”, realizado a petición de la Junta de Andalucía, coordinado por el Profesor de la Universidad de Granada Don Javier Alba-Tercedor en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela, refleja la gran importancia de los valores ecológicos que alberga el río Castril, que se verían amenazados por la detracciones de sus aguas en caso de continuarse las obras del Trasvase y su puesta en funcionamiento.

 

2º.- Anulación por sentencia judicial firme del Real Decreto que amparaba el trasvase del rio Castril

 

Coincidiendo en el tiempo con las entidades contrarias al mencionado Trasvase del río Castril destaca la interposición, por el Ayuntamiento de Almenar y otras cuatro entidades, de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, en contra del Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre.

 

Este recurso fue resuelto por la Sección Quinta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que dictó sentencia de 24 de noviembre de 2009 en la que se declaró la nulidad de pleno Derecho del referido Real Decreto, nulidad fundamentada en no haberse dado audiencia previa, en el procedimiento de elaboración del mismo, a los Organismos de cuenca; en haberse prescindido del preceptivo informe del Ministerio para las Administraciones Públicas y del dictamen del Consejo de Estado y en la carencia de una adecuada memoria económica. En definitiva, se prescindió de todos los informes que pudieran garantizar la legalidad, acierto, oportunidad y viabilidad económica de la norma, omisiones que adquieren una relevancia cualitativa que trasciende del simple defecto formal para devenir en uno de naturaleza sustantiva.

 

Anulado el Real Decreto 1419/2005, las obras y actuaciones expropiatorias por él propiciadas quedaron desprovistas de título legitimador.

 

En fecha 6 y 20 de Marzo del 2010 se puso en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Ministerio de Medio Ambiente que dichas obras y expropiaciones carecían de respaldo jurídico para continuar y se solicitó la inmediata paralización de las mismas así como de los expedientes de expropiación, obras que en ese momento estaban realizadas a menos del 50% de su totalidad. Pese a la oposición social de los vecinos y de los agricultores que veían como se dañaban sus tierras y pese al pronunciamiento judicial, la Administración del Estado continuó la ejecución de las obras, hasta llegar al 60% de las obras programadas, utilizando una política de hechos consumados.Paralelamente a dichas actuaciones, y ante la intención de terminar las obras a pesar de carecer del respaldo legal, la Plataforma por la Defensa del Río Castril y el Ayuntamiento de Castril solicitaron ante el Tribunal Supremo la ejecución de la sentencia anulatoria del Real Decreto 1419/2005 y la paralización de las obras. El Tribunal Supremo, por resolución de 4 de febrero de 2011, dictada en el incidente de ejecución de su sentencia, ordenó la inmediata paralización de las obras de la conducción y correlativamente la de los expedientes de expropiación de las fincas afectadas que se venían ejecutando por la Administración del Estado en vía de hecho.

 

3º.- La convalidación de las obras del trasvase mediante  una disposición adicional en la Ley de residuos y suelos contaminados

 

Una vez paralizadas las obras y expropiaciones conforme al mandato dado por el Tribunal Supremo, y a la espera del pronunciamiento de dicho Alto Órgano Judicial al resto de las peticiones realizadas del levantamiento de las obras ejecutadas sin respaldo legal, la devolución de las tierras a sus verdaderos dueños y el pago de los daños y perjuicios ocasionados, se aprovechó el proceso de aprobación de la Proposición de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que estaba en debate en el Senado, para introducir vía enmienda una Disposición Adicional, la Decimoquinta, de convalidación de todas las obras y actuaciones realizadas al amparo del Real Decreto 1419/2005 declarado nulo. Lográndose por esta vía de convalidación legal impedir la ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2009.

 

Así, pues, mediante la Disposición Adicional Decimoquinta introducida en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados («BOE» núm. 181, de 29 de julio de 2011) se convalidaron “todas las obras y actuaciones relativas a la ordenación de los recursos hídricos en las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, derivadas de la ejecución del Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre, declarado nulo por sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2009”.

 

 

4º.- Cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo

 

Frente a esa circunstancia, la Sala Tercera del Tribunal Supremo planteó ante el Tribunal Constitucional una “cuestión de inconstitucionalidad” respecto de la convalidación de los efectos del Real Decreto anulado, por posible vulneración de los artículos 24.1, en relación con el 117.3, en su vertiente del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales; 9.3, en cuanto enuncia el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y 33.3, todos de la Constitución.

 

El Tribunal Supremo apreció, entre otros extremos, que la disposición adicional decimoquinta fue incorporada al texto de la Ley 22/2011 con la única y deliberada intención de eludir la declaración de nulidad del Real Decreto 1419/2005 e impedir que la ejecución de la sentencia que anuló esta norma pudiera afectar a las obras ya terminadas o en trance de terminar al amparo del reglamento que el Tribunal Supremo anuló; como establece, de forma prácticamente explícita, la propia norma cuestionada y la justificación de la enmienda que estuvo en su origen. Enmienda que según el Tribunal Supremo se introdujo en el Senado de forma subrepticia, con ocasión de la tramitación de un proyecto de ley cuyo título y contenido no guarda relación con aquélla y sin que en ningún momento de su ulterior tramitación parlamentaria se explicitasen las razones de su inclusión. Destacando ante el Tribunal Constitucional que en el procedimiento legislativo que culminó en la disposición adicional decimoquinta no se presentó ninguna documentación o información técnica que pudiera salvar la total ausencia de los imprescindibles informes que adoleció el reglamento anulado; y que por ello, las obras públicas realizadas al amparo de aquél –“convalidado mediante su elevación de rango”, en palabras del Tribunal Supremo– carecen de cualesquiera antecedentes que permitan valorar su adecuación a Derecho y su racionalidad desde la perspectiva del artículo 45 de la CE.

 

Tribunal Constitucional dictó sentencia del Pleno Nº 231/2015, de 5 de noviembre de 2015, por la que se declaró constitucional la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 22/2011, de 28 de julio, y, con ello, quedaron convalidadas todas las obras y actuaciones realizadas por la Administración del Estado al amparo del Real Decreto 1419/2005, anulado por sentencia firme del Tribunal Supremo. En dicha sentencia, pese a declarar la constitucionalidad de la citada disposición adicional, se realizan las siguientes manifestaciones:

  • La Ley de convalidación es una Ley auto aplicativa de supuesto de hecho concreto. Es una disposición que se incorpora a La ley de residuos y suelos contaminados, cuyo objeto y contenido no guarda ninguna relación con el contenido de la disposición cuestionada y que no es una norma con vocación de generalidad.

  • Las obras y actuaciones convalidadas, realizadas durante un periodo de cuatro años (2005-2009), fueron realizadas al amparo de una norma ANULADA, lo que entraña eluna vulneración al derecho a garantizar que la garantía de las resoluciones judiciales firmes sean ejecutadas en sus propios términos.

     

A pesar de la citada Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 22/2011, de 28 de julio, es evidente que las obras ejecutadas en virtud de una disposición reglamentaria que ha sido anulada por medio de sentencia judicial firme no resultan convalidables.

 

Las partes interesadas en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2009 lo hicieron valer ante dicho Tribunal solicitando la adopción de las siguientes medidas: en primer lugar, que se acordase la demolición de la obras 579-gr-580-gr,581-gr,582-gr, 583-gr- para la conducción de abastecimiento a Baza desde el embalse del Portillo.-T.m. Castril, Cortes de Baza, Benamaurel, Baza y Zujar (Granada) ejecutadas hasta la fecha, y se acordase asimismo la reposición de los terrenos afectados al estado primitivo; y en segundo lugar, para el supuesto de no realizarse lo solicitado en el punto primero, se autorizase a los particulares afectados a proceder a la demolición de la referidas obras 579-gr-580-gr,581-gr,582-gr,583-gr- y la reposición de los terrenos afectados al estado primitivo, siendo de cuenta del Ministerio de Medioambiente y Medio Rural y Marino su coste.

 

El Tribunal Supremo, por Auto de fecha 4 de febrero de 2011 accedió a lo solicitado ordenando la inmediata paralización de las obras así como del expediente de expropiación forzosa de las fincas afectadas. Suspensión que fue levantada no obstante por el Supremo a petición del Abogado del Estado, ante la imposibilidad sobrevenida de la ejecución de la Sentencia por la aprobación de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 22/2011 de 28 de julio en cuestión.

 

En cuanto al pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a la disposición adicional decimoquinta de la Ley de residuos y suelos contaminados, cabe señalar que una cosa es que la sentencia haya considerado que la citada disposición adicional es constitucional y otra muy distinta que mediante una convalidación legislativa se trate de dar validez a una disposición general que ha sido anulada por medio de sentencia judicial firme con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada ley. Las diversas sentencias del Tribunal Europeo que se han venido dictando en materia de convalidaciones legislativas, a partir de la sentencia de 9 de diciembre de 1994 en el Asunto Refinerías griegas Stran y Stratis Andreadis contra Grecia (493/94) reafirman la idea de la imposibilidad de que por medio de una Ley de convalidación se afecte a procesos judiciales ya resueltos definitivamente, criterio este que también es acogido en nuestro ordenamiento por el Tribunal Supremo.

 

En definitiva, la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados no puede validar retroactivamente unas obras de conducción que se ejecutaron en su momento sin tener cobertura legal por lo que no cabe que se culmine y se ponga en funcionamiento el trasvase del río Castril. Los efectos propios de la nulidad impiden tras la sentencia judicial firme del Tribunal Supremo dar cobertura a los actos que se dicten para continuar las expropiaciones y terminar las obras de la conducción desde el embalse del Portillo a Baza.

 

Por consiguiente, la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados privó del principio de la tutela judicial efectiva a los recurrentes que fueron parte en el recurso directo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre. Asimismo la “convalidación” operada por la citada disposición adicional privó de cualquier virtualidad al recurso contra la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 2006 en que se apoya el Trasvase del río Castril; y también a la acción entablada contra la decisión de la Secretaría General Técnica del entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de fecha 11 de febrero de 2010 por la que se confirmó la decisión de no someter a Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de trasvase. Lo cual no es adecuado en un Estado de Derecho como el nuestro, después de un proceso judicial que se inició en el año 2006 y que concluyó con una sentencia judicial firme de anulación de esa disposición reglamentaria.

 

La prohibición en este caso de la retroactividad responde igualmente a razones de seguridad jurídica y al principio de confianza legítima en la Administración de Justica a la que le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art.117. 3 de la CE y art.2.1 de la LOPJ). Se lesiona la seguridad jurídica si después de una sentencia judicial firme, por medio de un posterior cambio normativo se perjudican los derechos e intereses de los ciudadanos afectados representados en este caso por la Plataforma de defensa del río Castril y los ayuntamientos ribereños, existiendo derechos subjetivos individuales amparados por una resolución judicial previa con fuerza de cosa juzgada. Por lo que no es viable la terminación de las obras del Trasvase del río Castril, ni la puesta en explotación de ese Trasvase, que supondría ir en contra de la sentencia judicial firme del Tribunal Supremo vulnerando la tutela judicial efectiva (art. 24 de la CE).

 

 

5º.- Los sectores y derechos particulares afectados por las obras y expropiaciones del trasvase del río Castril

 

Los sectores y derechos particulares afectados por las obras y expropiaciones del Trasvase del río Castril son principalmente los siguientes:

 

1º) Comunidades de regantes

En la vega del río Castril existen ocho Comunidades de regantes tradicionales que vienen utilizando sus aguas desde tiempos inmemoriales, las cuales tienen un entramado de acequias que datan desde la época árabe, muchas de ellas dañadas ahora por las obras realizadas ya que el trazado de la tubería atraviesa toda la vega del río Castril y consecuentemente el daño ha afectado a todas estas Comunidades.

 

2º) Propietarios de terrenos de cultivo

Al transcurrir las obras del trasvase por el centro de la vega, han sido dañados masivamente alamedas, olivares centenarios y cultivos tradicionales, asimismo las cosechas, y las tierras la mayoría de las cuales han quedado partidas en dos perdiendo  las propiedades más del 50% de su valor.

 

3º) Turismo rural y actividades relacionadas

El turismo rural y las actividades relacionadas como el senderismo, paseos en  embarcaciones a lo largo del río, la pesca deportiva, la organización de reuniones académicas y científicas y un largo etcétera constituyen pilares básicos de la economía de la zona y la que más posibilidades de desarrollo presenta, no sólo por las potencialidades de este sector, en el que el Río y la Vega constituyen su principal factor de producción, sino también porque las actividades agrícolas tradicionales están destinadas a desempeñar una menor importancia en el futuro sobre todo por causa de la competencia de las economías agrícolas emergentes en otros lugares y los cambios que se están desarrollando en la Política Agrícola Común de la Unión Europea.

 

La protección y desarrollo del Río Castril y de su Vega carecería de perspectivas de continuidad desconectados del modelo de desarrollo general de la Comarca. En este sentido los ayuntamientos afectados, ya ha tomado algunas iniciativas.

 

Más allá de las dimensiones más estrictamente económicas el río Castril ha articulado la vida comunitaria y social de los municipios de Castril y de Cortes de Baza.

 

4º) Vecinos sancionados por su defensa del río Castril

Numerosos vecinos de la zona fueron sancionados por su oposición a las obras del Trasvase, imponiendo la Administración multas de 3.000 y 4.000 euros a más de cien personas, la mayoría de las cuales eran propietarios y personas de edad avanzada, la mayoría jubilada.

 

5º) Daños morales

Muchos ciudadanos han venido sufriendo episodios de estrés o enfermedades a consecuencia de la impotencia de ver como quedaban destrozaban sus tierras sin justificación real. La mayoría de los afectados habían adquirido sus tierras después de toda una vida trabajando fuera de su pueblo para poder comprarlas.

 

6º) Valoración económica de los daños

La valoración monetaria de los perjuicios derivados del trasvase del río Castril, en la zona del valle de Castril, se sitúa en torno a tres millones seiscientos sesenta mil euros anuales (3.660.000 euros anuales).

 

Por ello, la mayoría de los afectados han estado luchando contra este proyecto de conducción que carece de justificación económica y técnica. Existiendo soluciones alternativas más sostenibles económicamente que hacen que no sea necesario realizar estas obras. La gestión de los recursos públicos tiene la obligación de estar orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como reza su artículo 7 que sienta el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

 

6º.- Posibilidad de implantación de medidas alternativas más económicas y menos perjudiciales ambientalmente, para llevar agua al término municipal de Baza

 

Aun en el supuesto de considerase válida la convalidación de las obras y las actuaciones del trasvase al municipio de Baza, por mor de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, ello no justificaría la continuación de las obras del trasvase y su puesta en explotación, pudiéndose acudir a medidas alternativas para suministrar agua al municipio de Baza. Tales medidas serían las siguientes:

  • Conducción desde el Embalse del Negratin a Baza.

Hay que resaltar que las aguas del río Castril llegan por su propio peso al término Municipal de Baza que, junto a otros ríos de la zona, desembocan al Pantano del Negratin, pantano regulador que se encuentra dentro del término municipal de Baza y que actualmente, y en las fechas en que se aprobó por Emergencia el trasvase del río Castril, abastece de agua tanto para riego como para consumo humano a la provincia de Almería a través del Trasvase Negratin-Almanzora regulado por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, en su Disposición Adicional Vigésimo-segunda. Dicha infraestructura atraviesa todo el término municipal de Baza, teniendo una balsa de reserva a menos de 500 metros del depósito principal de abastecimiento de agua potable a la población de Baza, con lo cual en caso de necesidad de agua para esta población se podría conectar la balsa de regulación de agua del Trasvase Negratin-Almanzora con un coste mínimo y en un plazo brevísimo en caso de urgencia.

 

  • La flexibilización de las concesiones y los intercambios de derechos

Actualmente a través de la aprobación del II Ciclo del Plan Hidrológico del Guadalquivir a las Comunidades de regantes tradicionales de Baza que se abastecían con el mismo Manantial de agua que la población “Manantial de las Siete Fuentes”, les han concedido una reserva de agua desde el Pantano del Negratin de más de 8 Hm3, con lo cual quedan liberadas las fuentes de abastecimiento de agua potable para la población de Baza, que según viene en su nuevo PGOU aprobado en el año 2010 “Los recursos para el abastecimiento de agua de la ciudad de Baza pueden considerarse como más que suficientes” con un caudal medio de 140-150 l/s en los periodos secos, aportando agua de buena calidad que se  comparte mitad por mitad para el consumo humano y para riego, siendo de propiedad municipal lo que facilita la prioridad al destino urbano.

  • Captación de aguas en la desembocadura del río Castril

Aprovechando parte de la infraestructura realizada en los términos de Benamaurel y Baza, captando el agua en la desembocadura del río Castril, una vez ha  completado su recorrido natural, solución esta que aparece reflejada en el estudio realizado por TECNOMA, solicitado en su día por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

 

7º.- Conclusión

 

Es por todo ello, que hay que dar una solución lo más satisfactoria posible a todos los intereses afectados por las obras y expropiaciones realizadas bajo la cobertura del Acuerdo de la Ministra de Medio Ambiente de 21 de noviembre de 2006. Para ello se procura, por una parte, garantizar el abastecimiento de agua a la población de Baza, que se encuentra en una zona afectada por recurrentes situaciones de sequía y, por otra, proteger los legítimos derechos e intereses de las poblaciones de Castril, Cortes de Baza y de los varios colectivos que no se tuvieron en cuenta en el Acuerdo de la Ministra de Medio Ambiente de 21 de noviembre de 2006.

 

Frente al proyectado trasvase, se considera que existen alternativas económica y ambientalmente menos perjudiciales para los colectivos afectados, como es la utilización de las infraestructuras del trasvase Negratin-Almanzora que están realizadas y en explotación dando servicio de agua potable a la provincia de Almería y a la población de Baza pasando por el término municipal de Baza a la altura del depósito principal de abastecimiento de agua. A la par que se materializa esta alternativa, simultáneamente se recuperarán las zonas afectadas negativamente por aquel Acuerdo ministerial, lo que se hará, en unos casos, mediante la reposición a la situación anterior, y, en otros, mediante la no ejecución de las obras que estuvieran aún pendientes de ejecución, que se calcula en un 40% de las proyectadas, correspondiendo en su mayor parte a la estación de bombeo, captación, tramos intermedios en el valle del río Castril y cruce del río por tres puntos.

 

Por ello, consideramos que habría que derogar la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en lo concerniente a las obras y expropiaciones derivadas del Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre, relativas al abastecimiento de agua al municipio de Baza desde el embalse del Portillo. El Gobierno de la Nación debería adoptar las medidas que sean necesarias para que las actuaciones materiales y expropiaciones derivadas del Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre, relativas al abastecimiento de agua al municipio de Baza desde el embalse del Portillo, se repongan a la situación anterior al dictado del Acuerdo de la Ministra de Medio Ambiente de 21 de noviembre de 2006. Y la Administración del Estado debería llevar a cabo las actuaciones necesarias para garantizar el abastecimiento de agua a la población de Baza, en el marco de las infraestructuras del trasvase Negratin-Almanzora, ya sea, o bien para riego, liberando las fuentes que abastecen de agua potable a Baza y la sobreexplotación de los acuíferos que hay alrededor de las mismas, o bien para consumo humano, o ambos inclusive, como se está haciendo actualmente para la vecina población de la provincia de Almería.

 

 

 

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