Confianza legítima y Checkpoint Charlie

El Checkpoint Charlie fue el más famoso de los pasos fronterizos del Muro de Berlín entre 1945 y 1990. Se encontraba en la Friedrichstraße y abría el paso a la zona de control estadounidense con la soviética, donde actualmente se unen los barrios de Mitte y Kreuzberg. Sólo se permitía usarlo a empleados militares y de embajadas de los aliados, extranjeros, trabajadores de la delegación permanente de la RFA y funcionarios de la RDA. El Checkpoint Charlie fue escenario de huidas espectaculares de Berlín Este, algunas especialmente trágicas como la muerte de Peter Fechter, desangrado en 1962 ante los ojos de los que habitaban Berlín Oeste. En todo caso, es todo. En todo caso, es un símbolo del viejo Muro de Berlín y todo lo que eso significaba, que viene ahora a cuento porque el origen del conocido principio de “confianza legítima” se encuentra relacionado con este Muro y con una sentencia de los tribunales alemanes de 1956 conocida como el caso de la “viuda de Berlín”.

 

El asunto que dio lugar a esta sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo de Berlín (de fecha 14 de noviembre de 1956) es conocido entre los administrativistas pero conviene que llegue a más gente. Una mujer, viuda de un funcionario que vivía en la República Democrática Alemana, obtuvo un certificado de la Consejería del Interior de Berlín indicándole que si se trasladaba a vivir a Berlín Oeste, tendría derecho a recibir la pensión de viudedad. Al trasladar su residencia, con los gastos que ello implicaba y comenzar a cobrar la pensión, se comprobó que no reunía los requisitos de la ley para recibir tal pensión de viudedad. La Administración exigió a la viuda la devolución de las cantidades percibidas y ella recurrió ante los Tribunales alegando que eso implicaba una violación a la protección de la confianza legítima puesto que ella (la viuda) había actuado en base a la certificación de la Consejería y había realizado gastos en el traslado de domicilio.

 

En este sencillo asunto de la “viuda de Berlín” tuvo su nacimiento uno de los principios más interesantes de nuestro Derecho Administrativo como es el de la confianza legítima que con el tiempo pasaría al Derecho Comunitario Europeo así como a nuestro propio Derecho (artículo 3.1.2 de la Ley 30/1992 con la reforma llevada a cabo mediante la Ley 4/1999 y actual artículo 3.1 de la Ley 40/2015). Desde las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 22-3-1961 y 13-7-1965 (asunto Lemmerz-Werk) se admite este principio que puede ser reconducido a los más clásicos de la buena fe y la seguridad jurídica y que en términos de la Sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 10-5-99 (Ar 3979) puede ser formulado en la siguiente forma:  "la doctrina sobre el principio de protección de la confianza legítima, relacionado con los más tradicionales en nuestro ordenamiento de la seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones entre la Administración y los particulares, y que comporta, según la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la jurisprudencia de esta Sala, el que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones.

 

En similar sentido la STS de 21 febrero 2006 [RJ\2006\897] viene a decir que el principio de confianza legítima “ha de ser aplicado, no tan solo cuando se produzca cualquier tipo de convicción psicológica en el particular beneficiado, sino más bien cuando se basa en signos externos producidos por la Administración lo suficientemente concluyentes para que le induzcan razonablemente a confiar en la legalidad de la actuación administrativa, unido a que, dada la ponderación de los intereses en juego –interés individual e interés general–, la revocación o dejación sin efecto del acto, hace crecer en el patrimonio del beneficiado que confió razonablemente en dicha situación administrativa, unos perjuicios que no tiene por qué soportar”.

 

En todo caso, es importante dejar claro que la confianza legítima no debe confundirse con la doctrina de los actos propios (son campos fronterizos pero diferentes). Esto último –acto propio- tiene lugar cuando la Administración se pronuncia en un determinado sentido mediante un acto formal que debe revocar para actuar en sentido contrario, mientras que la confianza legítima nace de la mera actuación por otra serie de lo que la jurisprudencia denomina como “signos externos” que inducen al particular a un determinado comportamiento. Sirva por tanto este breve comentario para dejar, al menos, dos cosas claras ya que sobre la confianza legítima (como principio informador de la actuación de las Administraciones Públicas) podría escribirse mucho más.

 

Primero, que su origen se encuentra en el Derecho alemán y en una vieja sentencia de 1956 conocida como el caso de la “viuda de Berlín” pasando de ahí al Derecho Comunitario Europeo y a nuestro propio Ordenamiento jurídico. Y segundo, que debe ser diferenciado de la doctrina de los actos propios porque no requiere la previa existencia de un acto administrativo en sentido formal sino que es suficiente con cualquier otra clase de manifestación externa de la Administración que haya podido inducir al particular a adoptar una determinada conducta (que luego no puede serle reprochada).

 

Evidentemente, el campo de actuación del principio de confianza legítima es enorme, tanto más en una época en la que el legislador es cada vez más oscuro e impreciso confundiendo no sólo a los particulares sino también a la propia Administración. Sirvámonos de este principio para que al menos en sede judicial pasemos de la mera aplicación de las normas a un Derecho basado en la equidad de los comportamientos.

 

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