Intervencionismo en los horarios laborales. Los casos de Bankia y Abanca

Recientemente el Tribunal Supremo ha publicado una sentencia confirmatoria de su predecesora nº 246/2017 de 23 de marzo  (BANKIA), que declaró la no obligatoriedad del registro diario de la jornada de trabajo de todos los empleados de Banco. Se trata de la Sentencia nº 338/2017, de 20 de abril, (ABANCA) que viene a sentar jurisprudencia en un caso de gran interés.

 

El caso arranca de bastante atrás. La crisis bancaria, al forzar el ahorro de costes en los establecimientos financieros, generó muchas situaciones irregulares en las horas extra de sus trabajadores.  Al principio, se soportaban mal que bien por quienes conservaban su puesto de trabajo, pero con el paso del tiempo y el avance de la recuperación económica había que ponerles fin.

 

A tal efecto, los sindicatos impulsaron una interpretación del art. 35 del  Estatuto de los Trabajadores de la que derivaban la exigencia de un control diario exhaustivo de la jornada de todo el personal, como medio de sacar a la luz horas extraordinarias realmente trabajadas pero no abonadas ni cotizadas. Esta interpretación fue bien recibida por la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, puesto que les proporcionaba sin coste ni esfuerzo una información detallada destinada a facilitar sus respectivas tareas.

 

El problema de tal medida es que es maximalista. Siempre ha habido ciertas dificultades de control de las horas extraordinarias; pero solventarlas con algo tan rígido como un control exhaustivo de horarios, incorpora mayores dificultades que las que resuelve. La aplicación ágil de técnicas tan básicas como las del horario flexible, conciliación con la vida familiar, actividades fuera de la oficina, sustituciones de urgencia etc., se hace muy difícil, si no imposible. Por supuesto, los costes de gestión aumentan, siendo evidente que las horas suplementarias pueden verificarse con menos sacrificios y a menor coste.

 

La postura maximalista se sostuvo inicialmente en los Tribunales. El caso BANKIA se planteó inicialmente ante la Audiencia Nacional que, en su sentencia de 4/dic/2015, dio la razón a los sindicatos, lo que ratificó poco después con sus sentencias de 19/feb/2016 y 6/may/2016. Ni que decirlo tiene, tanto la Dirección General de Trabajo como la Inspección de Trabajo se acomodaron a esta solución maximalista. La primera lo hizo con su  respuesta de 1/mar/2016 a la consulta sobre la obligación de registro de la jornada y la segunda con su Instrucción 3/2016, destinada a intensificar el control en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias.

La medida del “control total”, satisface a las burocracias administrativa y sindical aunque daña a la libertad de empresa. En concreto afecta al principio de elección de la medida menos restrictiva de la libertad individual, esencial en todo Estado de Derecho, sobre lo que debemos centrar ahora la atención.

 

Dos burocracias convergentes actúan a favor de determinadas medidas que les favorecen. El carácter público  de la Administración laboral y semipúblico de los sindicatos, las avalan ante la Audiencia Nacional. Ésta accede a sus pretensiones. La libertad de empresa se ve como un freno genérico y de escasa fuerza; ¿cómo oponer la flexibilidad de gestión a algo que incrementa la recaudación de la Seguridad Social y la retribución de las trabajadores?

 

No cabe duda de que el intervencionismo estatal tiene potentes fuerzas que lo impulsan, y que la burocracia es una de ellas. Frente a lo cual, los derechos fundamentales se desdibujan y la clásica libertad de comercio e industria comienza a parecer algo antiguo, ajeno a las grandes corrientes que mueven el mundo actual.

 

En este caso ha sido el Tribunal Supremo el que ha tenido que acudir al quite, aunque ha tenido dudas, como demuestran los votos particulares incluidos con la sentencia. Pese a ello, su doctrina mayoritaria es clara: el art.35 del Estatuto de los Trabajadores obliga a registrar concretamente “las horas extraordinarias” de los trabajadores al efecto de su debido cómputo, cotización y abono; pero, de ahí, a imponer el registro detallado de “todas” las horas de “todos” los trabajadores hay un salto que no se debe dar.

 

El Tribunal se apoya en su propia jurisprudencia, conjuntamente con el modo correcto de interpretar el Estatuto de los Trabajadores, y, por supuesto, en la libertad de empresa, para revocar la interpretación extensiva del registro de horarios hecha por la Audiencia Nacional y optar por otra restrictiva, menos intervencionista, centrada en el control directo de las horas extras.

 

Nuestro Alto Tribunal concluye propugnando “de lege ferenda” una reforma legislativa que clarifique estas cuestiones, para la señala como guía material la normativa de la Unión Europea, que sintetiza con cierta extensión. Personalmente echo en falta algún tipo de reafirmación del principio de elección de la medida menos restrictiva de la libertad en su aplicación a la libertad de empresa y la rotura de alguna lanza a favor de los derechos fundamentales. Era una ocasión espléndida para hacerlas. De todas formas, al estar ínsito en el contenido de las Sentencias, el indicado principio queda materialmente reafirmado, lo mismo que el papel de los derechos constitucionales como límite al intervencionismo, por todo lo cual debemos felicitarnos.

 

 

J.M. de la Cuétara.

Catedrático de Derecho Administrativo

Ariño y Villar Abogados.

 

 

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