Objetivamente, a los 70 años estamos en plenitud de facultades

 

 

El reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que niega la obligación de contratar un farmacéutico adjunto al cumplir la edad de 65 años ha abierto nuevamente el debate sobre la capacidad del farmacéutico por el mero hecho de cumplir años. Nuestros lectores, recordarán el debate que se suscitó en su día con las leyes de farmacia de Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia cuando establecieron la caducidad de la autorización por jubilación o, más concretamente, por llegar a la edad de setenta años. No podemos olvidar que el farmacéutico es un autónomo, y como tal, él mismo elige cuando quiere jubilarse. Si la caducidad se produce por “jubilación” (vigente régimen de Castilla-La Mancha), ningún atentado se produce en relación con la propiedad, dado que el farmacéutico podrá vender antes de jubilarse. La cosa no era tan clara cuando el legislador imponía una edad tope (setenta años), como hizo el legislador gallego o el extremeño de la época, porque la caducidad no atendía a la jubilación, sino al mero transcurso de los años.

 

En la conocida STC 152/2003 (Galicia) abordó este problema, declarando justificada la decisión autonómica de declarar caducada la autorización por el sólo hecho objetivo de que el farmacéutico cumpliera 70 años, bajo este argumento: “Y en el caso del cumplimiento de la edad de setenta años, ese límite regulador se justifica por el interés público conectado a esta actividad, que la propia Ley recurrida declara en su art. 2.1.”. Y en la previa STC 109/2003 (Extremadura) dijo que la caducidad por alcanzarse la edad de setenta años se orienta “a la mejor prestación del servicio en razón a la plenitud de presencia que se exige a un farmacéutico y a la responsabilidad del titular en la garantía del servicio”.

 

En definitiva: el Tribunal Constitucional concluyó que los 70 años de edad pueden considerarse, de modo objetivo, un límite constitucionalmente admisible para que se declare caducada la autorización de farmacia, presumiendo sin posibilidad de prueba en contrario que a esa edad la persona no se encuentra en la plenitud que demanda una actividad privada, de interés público. Evidentemente, en la decisión del Tribunal pesaba que la edad de 70 años es la máxima de prórroga de actividad en el sector público (aunque no, curiosamente, para los propios Magistrados del Tribunal Constitucional, cuyas funciones cesan en cuanto finaliza el tiempo de su nombramiento, aunque ya hayan cumplido más de 70 años).

 

Sin embargo, adviértase que el Tribunal no dice que ésta deba ser la única solución. Una alternativa permitiría mantener la titularidad de la farmacia siempre que esa pérdida de facultades resultare completada. Y a ello responde el sistema de imponer la contratación de un adjunto al momento de cumplir una determinada edad. Indudablemente, si los 70 años justifican –a juicio del Tribunal Constitucional- la pérdida de la autorización de farmacia, necesariamente también justifica la decisión de imponer la contratación de un adjunto. De ahí que esta solución, admitida en distintas Comunidades Autónomas, resulte intachable. El problema se encuentra cuando se rebaja a otra edad (65 años), como ha sucedido en el País Vasco.

 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aplica el sentido común. Vista la jurisprudencia constitucional que hemos anticipado, dos son los aspectos a considerar: el interés público (que sin duda justifica una medida de semejante calado) y la apreciación del momento en el que –con carácter objetivo- se puede asegurar que comienza la pérdida de facultades. Sin duda alguna todos podemos encontrar ejemplos de personas que han cumplido 70 años y se encuentran en plenitud de facultades.; pero también conoceremos a otros que, habiendo llegado a dicha edad, empiezan a verlas mermadas. Los límites de edad pueden modificarse con el aumento de esperanza de vida y la mejora del estado físico de la población, pero el legislador debe buscar criterios objetivos que eviten obligar a que una persona deba pasar por Tribunal Médico para controlar mensualmente su capacidad. La edad de 70 años es razonable, porque está admitida como la máxima para la jubilación de determinadas profesiones de interés público (médicos, notarios, registradores, jueces y otros muchos). En consecuencia, es razonable que a los 70 años se obligue a contratar un adjunto, pero no lo es a una edad menor, porque si admitimos que en otras salidas profesionales de interés público a los 70 años de edad nos encontramos, objetivamente, en plenas facultades, el farmacéutico no puede ser menos.

 

 

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