Regulación eléctrica. Distribución de competencias y finalidad de las normas. La STC de 25/may/2017

El día 2/jun/2017 el Tribunal Constitucional ha publicado su sentencia del 25/may anterior sobre el conflicto de competencias interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos del Real Decreto 900/2015, de 9/oct, de producción y suministro de energía eléctrica con autoconsumo. La sentencia rechaza la mayoría de las impugnaciones pero admite  dos de ellas: una relativa al Registro de Autoconsumo, de la que aquí no nos ocuparemos, y otra sobre la prohibición de que un generador se pudiera conectar a la red interior de varios consumidores -lo que se conoce como autoconsumo compartido-, que es la que aquí interesa.

 

Dicha prohibición se contiene en un párrafo específico del R.D. 900/2015, el 4,3, y tiene una sola línea:

 

“3. En ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores”.

 

La Generalidad atacó este mandato aduciendo que no deja un mínimo campo de maniobra a las competencias autonómicas, lo cual es cierto. La Abogacía del Estado respondió que la prohibición estaba recogida implícitamente en el art. 39,3 de la Ley del Sector Eléctrico, por lo que, al tratarse de una simple “concreción técnica” tiene perfecta cabida en el reglamento estatal.  El artículo indicado comienza diciendo:

 

«Todas las instalaciones destinadas a más de un consumidor tendrán la consideración de red de distribución y deberán ser cedidas a la empresa distribuidora de la zona.”

 

Lo que indica que, efectivamente, el legislador español no quiere generadores eléctricos conectados a consumidores individuales si no es a través de un distribuidor, con la única excepción  de las líneas directas del art. 42 LSE. Si la ley no lo quiere, parece lógico que el reglamento pueda prohibirlo explícitamente.

 

Pero esa lógica se debilita al leer los razonamientos  del Tribunal Constitucional. Lo que nos dice en primer término es que no encuentra razones para la prohibición, puesto que la propia Ley del Sector Eléctrico admite tanto “redes interiores de varios consumidores” como “instalaciones de enlace”, en los espacios comunes de un edificio o urbanización, utilizadas por múltiples usuarios que, por supuesto, tienen derecho a practicar el autoconsumo. A lo cual añade que varias Directivas europeas (2010/31/UE y 2012/27/UE) y normas españolas (RD 56/2016, de 12/feb), no solo aprueban sino impulsan  las energías renovables y la descentralización energética para “edificios de consumo de energía casi nulo”, objetivo europeo que exige múltiples conexiones a redes internas y externas para su consecución.

 

Todo ello nos hace pensar que el problema real de las redes interiores de los consumidores en régimen de autoconsumo no es si puede regularse por el Estado o las Comunidades Autónomas, sino si puede prohibirse su conexión a generadores externos en el contexto actual del Derecho energético europeo. Naturalmente, el Tribunal Constitucional no afronta esta cuestión ya que está resolviendo un conflicto de competencias; pero los comentaristas podemos hacerlo, por lo que me permitiré dos o tres párrafos al respecto.

 

Todos los sectores en red tienen una zona difusa entre las grandes redes públicas y las estrictamente privadas. En el caso de la electricidad, las primeras son las de transporte y distribución eléctrica en alta y baja tensión y las segundas las internas de los usuarios individuales en sus viviendas, oficinas, industrias o fincas. La zona difusa se sitúa en los edificios en régimen de comunidad de propietarios, las urbanizaciones privadas, algunos polígonos empresariales, comunidades de regantes etc. Las actuales posibilidades de conexión eléctrica bidireccional hacen que en estos casos las comunidades de propietarios (vecinos, industriales, regantes…) o algunos de sus miembros deseen conectarse con generadores o consumidores externos. Si hablamos de liberalización y competencia en el sector eléctrico, deben poder hacerlo.

 

Una cuestión parecida se planteó en el sector de telecomunicaciones al comienzo de su liberalización. Para proteger la televisión pública en España se prohibió durante mucho tiempo la televisión privada por cable. Cuando los avances de la electrónica lo permitieron, comenzaron a crearse los llamados “vídeos comunitarios”, instalaciones  inicialmente compartidas en comunidades de propietarios de un solo edificio, que poco a poco fueron extendiéndose a los vecinos y que tenían una cierta vocación de “televisión de barrio”. Para ponerles freno, la Administración decidió que sus instalaciones no podía cruzar una vía pública, puesto que por ese simple hecho dejarían de ser privadas. El asunto acabó en los Tribunales, que, reconociendo la inconsistencia de tal argumentación, abrieron paso a la legalización de la Televisión por cable en nuestro país y, con ella, a la actual competencia entre operadores de redes fijas de telecomunicaciones.

 

Viene esto a cuento porque la prohibición de la interconexión eléctrica externa de las “redes interiores”  de los autoconsumidores contiene el mismo tipo de voluntarismo que la prohibición de cruzar las calles a los vídeos comunitarios. Se trata de que todas las interconexiones se hagan a través de redes públicas como son las de distribución. La única razón visible es que son más fáciles de controlar administrativamente. Pero la interconexión de redes no debe guiarse por su facilidad de control, sino por sus efectos beneficiosos para el sector. Desde luego, si colabora a la consecución de los edificios de máxima eficiencia energética postulados por la Unión Europea, como parece que así es, deberá permitirse. Al menos, esa es la reflexión que me suscita la sentencia aquí comentada.

 

Con mi agradecimiento a Jorge Trujillo, que me sugirió el tema. 

 

 

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