El canon a la hidroelectricidad, regulado por el Decreto 198/2015, remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

 

El canon, creado en el art. 112 bis del Texto Refundido de  la Ley de Aguas de 2001, no cesa de plantear problemas. Recurrido por empresas del sector eléctrico y su patronal, el Tribunal Supremo inicialmente  pasó el procedimiento al Constitucional, el cual, a su vez, sugirió la consulta al Tribunal Europeo, que ahora acaba de ser aprobada.

Sobre el R.D. 168/2015 se han suscitado dudas en relación con su pretendido carácter ecológico y su posible carácter discriminatorio en relación con otros generadores, sean también hidroeléctricos que actúan en cuencas intraautonómicas o, simplemente, productores que obtienen su energía con otras tecnologías. Este mismo año, el Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, de medidas urgentes ante la sequía, lo  modificó, incorporando una disposición transitoria específica para su liquidación en 2017.  Es un tema a seguir para todos los interesados en el Sector Energético.

En el fondo es un problema de control de adecuación de las políticas públicas a los fines perseguidos por cada una de ellas. En este caso se mezclan la política de defensa del dominio público hidráulico (el canon es uno de sus instrumentos), la ambiental (en la que se incardinan los “impuestos ambientales” tan promovidos hoy día) y la energética (que exige incrementar la recaudación para paliar el déficit de tarifa). Y no solo eso; se mezclan también las jurisdicciones, siendo de suponer que la recomendación de acudir al Tribunal Europeo de Justicia no va a contribuir a mejorar las -siempre difíciles- relaciones entre nuestros Tribunales Supremo y Constitucional.

El control judicial de las políticas públicas no es fácil de implementar. Mucho menos lo es el de tres regulaciones sectoriales, la hidráulica, la energética y la ambiental,  combinadas con la política fiscal. Si a ello le añadimos la actual tendencia de Gobiernos y Organismos Reguladores de actuar por impulsos, con una inmediatez a los acontecimientos difícil de casar con el trabajo delicado y minucioso de elaboración de nuevas normativas, el conflicto está servido.

La lección a extraer de lo aquí reseñado está clara: es recomendable algo más de sosiego antes de provocar confrontaciones que acaben involucrando a los más altos Tribunales españoles y europeos, tal como está sucediendo ahora mismo, ante nuestros ojos.  

 

Para más información véase la Comunicación del Consejo General del Poder Judicial del 18 de julio pasado aquí

 

Juan Miguel de la Cuétara

 

Ariño y Villar, Abogados

 

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