Ante la extinción de las concesiones de dominio público marítimo-terrestre

 

 

 

La Ley de Costas/1988 estableció un plazo máximo para las concesiones de 30 años y prohibió su prórroga en contra de la Ley o su Reglamento.

 

El Reglamento/1989 declaró incompatible con la ocupación del dominio público el mantenimiento de concesiones perpetuidad, por tiempo indefinido, sin plazo limitado o por plazo superior a 30 años, a contar desde la entrada en vigor de la Ley, siempre que no hayan superado o superen el plazo máximo de 99 años. Añadió que en esos casos las concesiones vigentes se entenderán otorgadas por el plazo máximo de 30 años a contar desde la entrada en vigor de la LC/1988, sin perjuicio de la posible revisión de otras cláusulas.

 

Las concesiones anteriores a la LC/1988 expiran así el 29 de julio de 2018. La Ley 2/2013 modifica la LC/1988 (fija para las nuevas concesiones el plazo máximo de 75 años) y permite la prórroga de las anteriores en ciertas condiciones. La norma que regula la prórroga no se ha integrado en la LC/1988; no así en el Reglamento/2014 que si bien declara igual límite de 30 años para las concesiones anteriores a la LC/1988, permite su prórroga de acuerdo con la nueva Ley 2/2013.

 

La prórroga ha sido interpretada por el Tribunal Supremo; de su doctrina resulta que las concesiones anteriores a la Ley 2/2013 no amplían su plazo, que sigue siendo de 30 años desde la vigencia de la LC/1988. Lo que ahora se permite es la posibilidad de su prórroga por un plazo máximo de 75 años. Es decir, el plazo máximo de prórroga pasa de 30 (régimen anterior) a 75 años (régimen vigente), lo que significa que después de los 30 años de entrada en vigor de la LC/1988, que debían extinguirse, pueden prorrogarse por lo que reste hasta el nuevo plazo máximo de 75 años, modulable según los usos de la concesión.

 

El RC/2014 precisa que si se solicita la prórroga dentro de los seis meses anteriores al vencimiento, se computará desde la fecha de extinción del título, y que se otorgará siempre que no se incurra en causa de caducidad o en prohibición de contratar. Las concesiones prorrogadas deben adaptarse al RC/2014 en el primer tercio del plazo de prórroga; caso contrario, se acordará su caducidad, con cierta norma para establecimientos de comidas y bebidas. El plazo máximo de las prórrogas se fija según ciertos criterios y los usos de la concesión; se reduce en 1/5ª parte cuando las instalaciones se ubiquen en la ribera del mar, y se permite que los plazos de prórroga para cada uso puedan ampliarse, aunque dentro del límite máximo, en 1/5ª parte en una serie de supuestos que exigen inversiones o financiación del concesionario. Por último, relaciona los documentos exigibles para la tramitación de la prórroga y regula su canon.

 

La cuestión del plazo de prórroga es vidriosa, pues podría interpretarse que las concesiones que al tiempo de su otorgamiento, o con posterioridad, tuvieran asignada una duración del máximo de la época (99 años), solo pudieran prorrogarse hasta dicho máximo.

 

Los titulares de las concesiones deben solicitar pronto su prórroga. El RC/2014 dispone que seis meses antes del vencimiento la Administración decidirá qué hacer con las instalaciones, lo que puede incluir su demolición y retirada de escombros, previas a la entrega de la parcela; además, si en los primeros tres meses no ha dicho otra cosa, se presume que opta por la demolición y permite exigir al concesionario un depósito para responder de los gastos que se ocasionen. En enero/2018 la Administración podría decidir el desmantelamiento a costa del concesionario y adoptarse poco tiempo después. Por tanto, es necesario iniciar pronto el procedimiento de prórroga que exige un gran trabajo preparatorio.

 

José Enrique Garrido

Socio, Ariño y Villar Abogados

 

 

                                                
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