LA SITUACIÓN DE SEQUÍA SE MANTIENE

 

La actual falta de precipitaciones (sequía meteorológica) y el agotamiento de las reservas de los embalses (sequía hidrológica) por cuarto año hidrológico consecutivo supone que, una vez más, se hayan aprobado Reales Decretos 850/2017 y 851/2017, de 22 de septiembre (BOE 23/09/2017), mediante los cuales respectivamente, se prórroga la declaración de “sequía prolongada” para el ámbito de las Confederaciones hidrográficas del Júcar y Segura hasta el 30 de septiembre de 2018. En estos casos, de acuerdo con los correspondientes planes hidrológicos de estas demarcaciones hidrográficas se aplicará un coeficiente de caudal ecológico menos exigente en sus ríos.

 

Ahora bien: ¿Qué supone esta ampliación de la declaración de sequía?. La respuesta es que conlleva que se mantengan las medidas excepcionales previstas en su día en los RD 355/2015 y 356/2015 para las demarcaciones del Júcar y Segura. Consisten en que las Comisiones permanentes de las citadas Confederaciones hidrográficas pueden modificar temporalmente las condiciones de utilización del dominio público cualquiera que sea su título jurídico (concesión o autorización), reduciendo las dotaciones previstas, variando los criterios de prioridad para la asignación de recursos, sustituyendo caudales por otros de distinto origen, etc.

 

Otras actuaciones contempladas son la flexibilización de las cesiones de derechos de uso del agua sin tener que respetar el orden de prelación de uso establecido en el plan hidrológico o en la Ley de Aguas, permaneciendo la supremacía de la satisfacción de los abastecimientos urbanos (aunque entendemos que no tiene porqué ser exclusivamente en éstas épocas). Se faculta a la Presidencia de la Confederación hidrográfica para la puesta en servicio de sondeos existentes (pozo de sequía) o la ejecución de otros nuevos para satisfacer las demandas más urgentes, así como la utilización de obras hidráulicas para la captación y el transporte de las aguas subterráneas hasta los lugares de aplicación financiadas a cargo del Estado.

 

En la demarcación del Segura se habilita a la Presidencia de la Confederación a la utilización de recursos procedentes de la desalinización de agua de mar de instalaciones operantes, con la conformidad de su titular y para usos ya existentes. Y en la demarcación del Júcar se endurece el régimen sancionador imponiéndose la sanción en su grado máximo, en caso de incumplimiento de las medidas de reducción de dotaciones en el suministro de agua o la derivación de agua de sus cauces o alumbramientos de pozos, sin la correspondiente concesión o autorización.

 

Todo ello muy loable, si bien otras actuaciones que habría que implantar sería el fomento de las recargas artificiales de acuíferos en años húmedos para que existan recursos almacenados. Igualmente, es necesario anticiparse al cambio climático mediante la construcción de nuevas obras de regulación (embalses o redes para trasvasar agua entre ellos) de almacenamiento de agua superficial para dejar los pozos como reservas para épocas de sequía. Y finalmente, extrapolar las medidas tomadas en otros países con situaciones hidrológicas semejantes cómo son, aparte de la potenciación de los Bancos de Agua (Centros de Intercambios de derechos), acudir todavía más al agua depurada, al control de los usos ilegales, de las perdidas en las conducciones, al fomento de las cesiones intercuencas de agua de unas zonas a otras, como resultado de transacciones libres entre usuarios en el que tanto cedentes como concesionarios resulten beneficiados. Que se introduzca nueva tecnología para la depuración y reutilización, que se permita un cambio de destinos y/o productos hacia aquéllos que no necesitan tanta agua o que tienen un valor de mercado más elevado. Todo el mundo ganaría y con ello se iría a la raíz del problema, no a “paliar” sus consecuencias.

 

Mónica Sastre Beceiro

Socia, Ariño y Villar Abogados

 

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