Las emanaciones del Estado y el efecto directo de las Directivas STJUE (Gran Sala) de 10 de octubre de 2017 (C-413/15)

 

1. El “efecto directo” del Derecho primario (Tratados), consagrado por la Sentencia de 5 de febrero de 1963, Van Gend en Loos, fue extendido a los Reglamentos por la Sentencia de 14 de diciembre de 1971, Politi, en razón a su función en el sistema de fuentes, capaces de crear derechos individuales que las jurisdicciones nacionales deben proteger; y a las Directivas a partir de la Sentencia de 4 de diciembre de 1974, Yvonne van Duyn, en caso de que no se incorporen en plazo, o se haga de modo incorrecto, y siempre que sus disposiciones sean incondicionales, claras, precisas y sin margen de apreciación.

 

No obstante, el “efecto directo” de las Directivas es “vertical”; esto es, invocable por un particular frente al Estado; pero no “horizontal”, o entre particulares. Ese carácter “vertical” suscitó pronto la cuestión de las llamadas “emanaciones del Estado”, o personificaciones ante las que se pudiera esgrimir el efecto directo de una Directiva. La sentencia de 12 de julio de 1990, Foster, que era la doctrina aplicable, recordó que el efecto directo podía invocarse (apdo. 18) “frente a organismos o entidades que estén sometidos a la autoridad o al control del Estado o que dispongan de poderes exorbitantes en relación con los que se deriven de las normas aplicables en las relaciones entre particulares”.

 

La sentencia no dejaba claro si esas condiciones eran acumulativas o disyuntivas; además se limitó al supuesto analizado al decir que “entre las entidades a las que se pueden oponer las disposiciones de una directiva”, figura “un organismo al que, cualquiera que sea su forma jurídica, le ha sido encomendado”, por “un acto de la autoridad pública” (insistiendo que “bajo el control” de ésta), el cumplimiento de un servicio de interés público y que dispone, a tal efecto, de facultades exorbitantes” (apdo. 20).

 

 2. La reciente STJUE de 10 de octubre de 2017, Farrell y Whitty, concreta la doctrina de las “emanaciones del Estado” al hilo del incidente prejudicial suscitado respecto de una sociedad de Derecho privado a la que se había atribuido el aseguramiento de terceros en caso de daños causados por vehículos no identificados o que no estuvieran asegurados.

 

 La Sentencia reconoce que la sentencia Foster (apdo. 20, supra) no sentó una regla de los casos en los que podía invocarse ante una entidad el efecto directo. Sin embargo, tras recordar el apartado 18 de esa sentencia (entidades sujetas a la autoridad o control del Estado, o que dispongan de poderes exorbitantes), sienta una primera conclusión: el sistema de fuentes del Derecho derivado (art. 288 TFUE) “no excluye, en sí mismo, la posibilidad de oponer a una entidad que no reúna todas [esas] características las disposiciones de una directiva que puedan tener efecto directo”.

 

A partir de ahí, la Sentencia recuerda que “cuando los justiciables pueden ampararse en una directiva… frente al Estado, pueden hacerlo independientemente de cuál sea la condición en que actúa este último, como empresario o como autoridad pública”, pues se trata de “evitar que el Estado pueda obtener ventajas de su incumplimiento del Derecho UE”. Recuerda también que el efecto directo puede esgrimirse, “no sólo frente a un Estado… y todos los órganos de su Administración…, sino…, frente a organismos o entidades sometidos a la autoridad o al control del Estado o que dispongan de facultades exorbitantes”, que quedan asimilados al Estado, y distingue tres supuestos de asimilación: “bien porque se trata de personas jurídicas de Derecho público que forman parte del Estado en sentido amplio, bien porque están sometidos a la autoridad o al control de una autoridad pública, bien porque esta autoridad les ha encomendado ejercer una misión de interés público y a tal fin se les ha dotado de las mencionadas facultades exorbitantes”.

 

La Sentencia concluye así que “las disposiciones de una directiva que tengan efecto directo pueden oponerse a un organismo o entidad, aunque sea de Derecho privado, al que un Estado miembro haya encomendado una misión de interés público y que a tal fin disponga de facultades exorbitantes”. Este es el caso de una sociedad de responsabilidad limitada a la que se atribuye una función derivada de las Directivas sobre seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles, y a la que se otorga la potestad de imponer la asociación forzosa y la financiación de esa función por las compañías de seguros.

 

3. En síntesis, será una “emanación del Estado” ante la que podrá invocarse el efecto directo de una Directiva, cuando se trate de personas jurídicas de Derecho público integradas en el Estado en sentido amplio, o sujetas a la autoridad o control de una autoridad pública, o, cualquiera que sea su naturaleza, cuenten con facultades exorbitantes para cumplir una función de interés público.

 

José Enrique Garrido

Socio Ariño y Villar, Abogados. 

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