LAS CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE SOBREEXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO ALMONTE-MARISMAS

 

1.- INTRODUCCIÓN

 

La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha iniciado, el pasado 21 de febrero de 2019, los trámites para declarar tres masas (Rocina, Almonte y Marismas) de las cinco en las que se divide la masa de agua subterránea (05.51) Almonte Marismas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo.

 

Hidrogeológicamente el Acuífero A-M se dividía por los expertos en 2 zonas claramente diferenciadas, un acuífero libre (manto eólico) y otro confinado (marismas), siendo el acuífero libre de más transmisibilidad al sur del Arroyo de la Rocina, luego subdivisible en 2 al sur y al Norte del Arroyo de la Rocina. Ahora, se divide en 5 zonas justificadas por el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana (en adelante, PORCNFD), y se propone declarar como masa en riego 3 de ellas, dejando el sector costero o manto eólico (reducido) y la marisma de Doñana como acuíferos en buen estado. A mi juicio esta nueva clasificación no está justificada hidrogeológicamente.

 

El estado cualitativo de las masas subterráneas es de mejor cualidad al sur del Arroyo de la Rocina que al norte, ya que los terrenos del sur son de recarga moderada al no tener un grado de impermeabilidad tan bajo como en Matalagrana y sus alrededores. El impacto de una explotación agrícola para el acuífero Almonte-Marismas será mucho menor en aquellos que exploten aprovechamientos ubicados al sur de la rocina que al norte, siendo la zona de Matalagrana especialmente problemática en este aspecto.

 

Las extracciones generalmente aceptadas que se consideran sostenibles por todas las partes implicadas (Admón. Central, Autonómica, PN Doñana, Medioambientalistas, etc.,) son de 23,15 Hm3/año. La CHG, al delimitar la subzona 05.51-05 “La Rocina” con los límites de la Corona Forestal de Doñana, engloba en una misma subzona áreas de recarga intensa con áreas de recarga moderada, así como áreas con regadíos legales, con áreas con regadíos ilegales.

 

Se debería haber realizado una subdivisión de la Masa de Agua 05.51 con criterios hidrogeológicos y no políticos. En este sentido, el Profesor D. Emilio Custodio en su libro “Las aguas subterráneas en Doñana. Aspectos ecológicos y sociales” editado en 2009 por la Agencia Andaluza del Agua (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), establece de forma muy clara cuáles serían las posibles subzonas de la Masa de Agua 05.51 en función de la recarga de esas zonas, con los valores medios, máximos y mínimos esperables, en hm3/año, de recarga.

 

Esta sería la división que propone el Profesor Custodio:

 

 

Con los contornos en negro hemos superpuesto las 5 subzonas que propone la CHG, que no respetan los límites en función de las recargas que dictamina D. Emilio Custodio.

Expuesto, lo anterior, vamos a mencionar las consecuencias de la declaración de sobrexplotación del acuífero Almonte –Marismas.

 

2.- CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE TRES MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS EN RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN ESTADO CUANTITATIVO EN LA UNIDAD HIDROGEOLÓGICA O ACUÍFERO ALMONTE-MARISMAS

 

Esta declaración supone que se deben adoptar las siguientes medidas:

 

a) Constitución obligatoria de una Comunidad de Usuarios

 

En el plazo de seis meses el Organismo de cuenca constituirá una comunidad de usuarios si no la hubiere, o encomendará sus funciones con carácter temporal a una entidad representativa de los intereses concurrentes.

 

Si transcurridos seis meses desde la fecha de la declaración de sobreexplotación no se hubiese constituido la comunidad de usuarios, el Organismo de cuenca la constituirá de oficio, o encomendará sus funciones con carácter temporal a un órgano representativo de los intereses concurrentes (art.87.2 del TRLA).

 

b) Aprobación de un programa de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua.

 

Previa consulta con la comunidad de usuarios, la Junta de Gobierno aprobará en el plazo máximo de un año, desde que haya tenido lugar la declaración, un programa de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua, que se incluirá en el programa de medidas. Hasta la aprobación del programa de actuación, se podrán adoptar las limitaciones de extracción así como las medidas de protección de la calidad del agua subterránea que sean necesarias como medida cautelar.

 

El programa de actuación ordenará el régimen de extracciones para lograr una explotación racional de los recursos con el fin de alcanzar un buen estado de las masas de agua subterránea, y proteger y mejorar los ecosistemas asociados, para lo cual podrá, entre otras medidas:

 

- Establecer la sustitución de las captaciones individuales preexistentes por captaciones comunitarias, transformándose, en su caso, los títulos individuales con sus derechos inherentes, en uno colectivo que deberá ajustarse a lo dispuesto en el programa de actuación.

 

- Prever la aportación de recursos externos a la masa de agua subterránea; en ese caso incluirá los criterios para la explotación conjunta de los recursos existentes en la masa y de los externos.

 

- Incluir un perímetro en el cual no será posible el otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas a menos que los titulares de las preexistentes estén constituidos en comunidades de usuario.

 

- Determinar perímetros de protección de las masas de agua subterránea en los que será necesaria su autorización para realizar obras de infraestructura, extracción de áridos u otras actividades e instalaciones que puedan afectarla, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con la legislación sectorial de que se trate. Tal delimitación y condiciones vincularán en la elaboración de los instrumentos de planificación así como en el otorgamiento de las licencias.

 

El programa de actuación contemplará las condiciones en las que temporalmente se puedan superar las limitaciones establecidas, permitiendo extracciones superiores a los recursos disponibles cuando esté garantizado el cumplimiento de los objetivos medioambientales.

 

Cuando como consecuencia de la aplicación del programa de actuación se mejore el estado de la masa de agua subterránea, el organismo de cuenca, de oficio o a instancia de parte, podrá reducir progresivamente las limitaciones del programa y aumentar, de forma proporcional y equitativa, el volumen que se puede utilizar, teniendo en cuenta, en todo caso, que no se ponga en riesgo la permanencia de los objetivos generales ambientales.

 

3.- LIMITACIONES A LOS POZOS DOMÉSTICOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS PRIVADAS

 

Los derechos de aprovechamiento de los pozos domésticos inferiores a 7.000 metros cúbicos (artículo 54.2 de la Ley de Aguas) y los derechos sobre aguas privadas (aprovechamiento temporal de aguas privadas inscritas en el Registro de Aguas y las anotadas en el Catálogo de Aguas Privadas) disposición transitoria tercera de esta Ley, estarán sujetos a las restricciones derivadas del Plan de ordenación para la recuperación del acuífero o las limitaciones que se fijen, en los mismos términos previstos para los concesionarios de aguas, sin derecho a indemnización (Disposición adicional séptima, apartado 2).

 

4.- PAGAN “JUSTOS” POR “PECADORES”

 

Con estas medidas “pagan justos por pecadores”, así, supone reducir la dotación de agua de los regantes legales que tienen unos derechos adquiridos desde antes del 1-1-1986- inscritos en el Registro de aguas o en el Catálogo de Aguas Privadas, o bien posteriormente, con concesión de aguas públicas. Estos usuarios legales tienen un derecho preferente a las aguas subterráneas en virtud del principio “prior in tempore potior in iure”, frente a los aprovechamientos ilegales o aquellos titulares de derechos que hayan obtenido su título con posterioridad. Esta situación tiene que ser tenida en cuenta en el futuro programa de actuación que ordene el régimen de extracciones del acuífero Almonte-marismas.

 

Todo ello, a pesar que en fecha 20/10/2015 se procedió a vender 922,63 hectáreas de la finca los Mimbrales a la CHG. Mediante el contrato de compraventa se han transferido a la CHG los derechos de aguas inscrito en la “Sección C” del Registro de Aguas correspondiente a un volumen de 6,8 Hm3/año con un caudal de 680 litros/segundo, en un conjunto de 11 sondeos, lo que ha supuesto una gran contribución al beneficio del dominio público hidráulico del acuífero Almonte-marismas (05.51) por parte de Mimbrales.

 

Otras medidas han sido la aprobación de los trasvases de 5 y 15 hm³, así como el tan anunciado cierre de 77 pozos ilegales en la zona consecuencia de la aplicación del PORNCFD, medidas éstas que van a tener su reflejo en el estado de estas masas subterráneas y que no se esperan a que se hagan realidad para tomar la medida más lesiva para los intereses económicos de una zona, un sector y de toda una provincia.

 

Estos usuarios legales vienen denunciando y manifestando la falta de control de las explotaciones ilegales y el peligro de la sobrexplotación del acuífero desde hace más de diez años… Por lo que reducir ahora sus derechos en un plan de extracciones por una dejadez de las funciones de policía de aguas de la Administración hidráulica (art.94 del TRLA y 235.1 del RDPH) supone una vulneración de los principios constitucionales de seguridad jurídica, respeto de los derechos adquiridos, principio de legalidad, etc. (art.9 y 103 de la CE).

 

Las fincas colindantes a Matalagrana han sufrido una transformación importante de secano a regadío, estimada en 200 hectáreas. Las explotaciones incumplen tanto el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana, como la propia Ley de Aguas. Todas estas transformaciones, algunas de ellas realizadas con el apoyo de la Administración local o regional, suponen la reconversión a regadío de unas 200 hectáreas, se traducen en una demanda de alrededor de 1 hm3 de agua anual. Ese cambio ha repercutido de manera negativa en el Acuífero Almonte-Marismas. No obstante, se ha solicitado una concesión de aguas públicas para 211,45 has (herbáceos-hortalizas y berries y otros cultivos en rotación) y un volumen anual de 951. 637,50 m3/año por la Consejería de Agricultura y Pesca para los aprovechamientos sitos en Matalagrana contenidas en el anuncio del BOP Huelva núm. 250, publicado el 31/01/2019.

 

En el Plan Especial del Territorio de Doñana (POTAD) de 2003 se “reconocen” expresamente la existencia de ilegalidades cometidas en la zona de Doñana, así en el apartado 3.5 se alude a “la deforestación incontrolada de los montes públicos” y se alude a “la necesidad de restituir los regadíos ilegales”. En el apartado 3.8 se manifiesta “los descensos significativos de los niveles se localizan en todas las zonas de riego y sus alrededores, lo más destacados se reconocen al sur de Villamanrique de la Condesa y norte y sur de El Rocío”.

 

Posteriormente, en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana (PORCNFD), de diciembre de 2014, ya se aludía a que el mismo supondría la reducción de la superficie regable a aquella superficie agrícola ilegal no contemplada en el mismo, como es la usurpación de monte público o la explotación del acuífero mediante pozos y sondeos que carecen de los permisos pertinentes.

 

La dejadez u omisión continuada de la Administración hidráulica en el ejercicio de la función de policía y de la potestad sancionadora no puede suponer una merma de los derechos privados otorgados o inscritos conforme a derecho, tras la declaración formal del Acuífero Almonte- Marismas nº 51 (anterior nº27) como sobreexplotado como consecuencia de la permisividad del Organismo de cuenca del Guadalquivir (con anterioridad, Agencia Andaluza del Agua) en relación con las extracciones ilegales.

 

Habría que profundizar en un decálogo de pasos a dar para que fuera real y de una vez por todas poder contar con un VERDADERO INVENTARIO POZOS existentes, su localización, con sus correspondientes características, bombas instaladas, potencia, curvas de rendimiento, así como los titulares de estos.  Llevar a cabo un estudio para determinar el volumen de los consumos reales en las explotaciones, así como comprobar que todos los sondeos tuviesen caudalimetros operativos instalados y en correcto funcionamiento.

 

En resumen, y como todo en esta vida, se trata de una cuestión económica, que al final saldrá del bolsillo de los agricultores legales, puesto que van a ser éstos los que terminen “pagando” una fiesta en la que han participado muchos otros actores, que ahora se encuentran desaparecidos….

 

No estaría de más que los sectores de Europa que tan preocupados están por la salud del acuífero, agilicen programas de financiación y ayudas económicas para que las medidas que ya están aprobadas (como el trasvase) se hagan realidad en el más corto espacio de tiempo posible, en vez de atemorizar al organismo de cuenca para que “castigue” con esta declaración a los agricultores que han quedado, es decir a los legales, y por ende a todos los habitantes de la comarca, dado que esta actividad agrícola es el principal motor económico y de bienestar y progreso de toda la zona.

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