ADMINISTRACIÓN, POR FAVOR, RESUELVA



El Boletín Inter Cuencas, de FENACORE, ha publicado en su reciente edición nº 61-septiembre 2019 el artículo "Administración, por favor, resuelva" escrito por Monica Sastre Beceiro, Socia del Despacho. El Boletín completo, así como el artículo, pueden consultarse aquí.


Sin perjuicio de ello, seguidamente se refleja su contenido:


I.- INTRODUCCIÓN


De todos es conocida y notoria la falta de adecuación del derecho administrativo a la realidad más ágil, rápida y cambiante, lo que es especialmente grave en el derecho de aguas. Los procedimientos de obtención de concesiones y autorizaciones con interminables trámites, modificación de características de las concesiones, otorgamiento de sustitución de sondeos y otros, desesperan a los titulares de explotaciones agrarias, que pueden tardar cuatro o cinco años, con suerte en obtener una resolución de estos. Tal lentitud no es una cuestión baladí: hay sondeos enarenados que necesitan urgentemente ser restituidos, cauces que se necesitan limpiar y desaguar ante tormentas, producciones agrarias que requieren cambios en sus características (perímetro, uso, cambio de cultivo, sistema de riego) o concesiones en tramitación que necesitan una actuación ágil de la Administración. No se puede esperar meses/años para obtener la autorización de la Confederación y si ante la inactividad de la Administración el usuario actúa, motu proprio por razones de urgencia, es objeto de sanción.


A la proliferación de trámites administrativos exigidos en la legislación de aguas se añade la parsimonia en la emisión y notificación interna de informes por parte de las diferentes Administraciones Publicas con competencias implicadas (Confederaciones, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Ayuntamiento). Son varias las ocasiones en las que se tiene que solicitar a la Administración competente que agilice el inicio del trámite de información pública, emisión del informe preceptivo y vinculante de la Oficina de Planificación hidrológica, los informes agrícolas y medioambientales de la Administración autonómica, etc. después de varios meses o años de espera. El procedimiento de tramitación de concesiones es complejo, de modo que, en un supuesto normal, sin incidencias especiales, viene a durar mucho más del año y medio establecido en la disposición adicional undécima de la Ley de Aguas; en las Confederaciones se apilan los expedientes, por miles, sin resolver y la Administración es incapaz de hacer frente a las tareas que se le han encomendado. Esta situación ya fue denunciada en el Libro Blanco del Agua (2000) que manifestaba: “Los cambios legislativos de los años ochenta exigen de esta Administración una capacidad de gestión en materia de aguas subterráneas, medio ambiente, planificación y economía del agua y estricta gestión del recurso en términos jurídicos y de explotación, que la separan, en parte, de su ámbito tradicional de actuación, y para las que no se han dotado en absoluto los medios económicos ni personales necesarios”.


La realidad -casi diez años después- sigue siendo la misma y el administrado ante semejante burocracia y lentitud se siente como Monsieur Sans Délai en el artículo de Mariano José de Larra (1833) este hombre viaja a España para reclamar unas propiedades y hacer varios negocios, si bien una vez en esta tierra, no logra llevar a cabo sus planes de acuerdo a las expectativas que tenía, ya que cada vez que se dirigía a realizar un trámite recibía esta respuesta “vuelva usted mañana”, lo que le lleva a regresar a su país natal.


Actualmente, ante la tardanza de la Administración al usuario no le queda más solución que insistir una y otra vez mediante escritos, llamadas telefónicas y solicitud de reuniones, para que, por fin, la Administración resuelva.


II.- LA OBLIGACIÓN DE RESOLVER Y LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA Y PENAL AL EMPLEADO PÚBLICO


Si bien el funcionario público (“civil servant”) no puede olvidar que tiene como finalidad en su actuación: a) el Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales y b) la Evaluación y responsabilidad en la gestión de servir al público, al interés general como se establece en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.


Se contempla en dicho Estatuto que el personal al servicio de la Administración actuará de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización (Art.53.8). Siendo objeto de sanción el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. (Art.95g)).


El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo, ex artículo 21.6 de la Ley 39/2015. Existe una obligación que recae sobre la Administración de resolver de forma expresa la solicitud so pena de incurrir en responsabilidad disciplinaria (Artículos 13 y 21 de la Ley 39/2015).


Cosa distinta es el recurso contra la inactividad de la Administración, cuando se requiera el cumplimiento de una obligación de la Administración que está contemplada en una disposición general que no precise de actos de aplicación o en un acto, contrato o convenio administrativo. En este caso, si transcurridos tres meses desde la fecha de la reclamación la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración (art.29.1 LJCA).


Finalmente, hay que añadir la responsabilidad penal tipificada en el artículo 404 del Código Penal que señala “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.”


En consecuencia, a la vista de lo expuesto, existen vías legales para exigir la responsabilidad disciplinaria y legal a los funcionarios por su inactividad, aunque de facto, se han demostrado insuficientes, ya que resultan papel mojado porque no se denuncian ante el temor del administrado a una represaría de la Administración mediante el dictado de una resolución desestimatoria.


III.- PROPUESTAS

Antes esta situación, habría que establece medidas para solucionar esta tardanza de la Administración en resolver a través de:


- Mayores medios personales (ingenieros agrónomos e hidrogeólogos) en las Confederaciones y mejora de la implantación de la Administración electrónica, que se vienen demandando desde hace años. La iniciativa del Libro Verde de la Gobernanza del Agua, impulsada desde el Ministerio para la Transición Ecológica, busca abrir espacios de debate y generar propuestas de mejora en colaboración con los actores institucionales y las partes interesadas. FENACORE ha propuesto que el Equipo Directivo de las Confederaciones (Comisario, Director Técnico, Jefe OPH, Secretario General, etc…) tenga mayor continuidad y estabilidad. La selección debe ser por criterios de mérito y capacidad entre los funcionarios con mejor Currículum Vitae y mayor disponibilidad y dedicación.


- Simplificar los procedimientos de otorgamientos de concesiones/ autorización y modificación de los mismos: simultaneando actuaciones dentro de la propia Confederación, suprimiendo tramites, reduciendo plazos, etc,


- Otorgamiento de autorizaciones en casos de urgencia: sustitución de sondeos, limpieza de cauces ante inundaciones y otros, en un plazo máximo de tres meses.


- Concesiones a precario o autorizaciones de derivación temporal de agua mientas se está tramitando un expediente de concesión de aguas o de modificación de características de larga duración, máxime si ya se cuenta con el informe de la Oficina de Planificación favorable.


- Publicación de memorias anuales de los resultados de la actuación de las distintas Administraciones públicas en el sector de agua (Confederaciones hidrográficas, Consejerías autonómicas competentes en agua, agricultura y medio ambiente, Ayuntamientos). Hay que evaluar la calidad y cantidad en la tramitación de los expedientes: el plazo de resolución de estos, cuantos se resuelven o la fundamentación de las resoluciones, entre otros.


- Mayor control de la productividad de los funcionarios y del personal de las Confederaciones hidrográficas y Comunidades Autónomas con competencia en agricultura y medio ambiente.


- Fomento de la obtención del Certificado de Excelencia en Gestión EFQM, otorgado por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad a la vista de la evaluación realizada por la Dirección General de Gobernanza Pública (Ministerio Política Territorial y Función Pública) (en adelante DGGP), basado en la calidad y en la excelencia, previa solicitud voluntaria de las organizaciones candidatas.


La DGPP emite una certificación del nivel de excelencia a aquellas organizaciones que se hayan autoevaluado conforme a modelos de gestión de calidad reconocidos y sometido sus resultados a la correspondiente validación, de acuerdo con lo previsto en el Programa de Reconocimiento. De tal manera, que dicho certificado no se obtendría si existe un incumplimiento sistemático de los plazos para resolver los expedientes, es decir, si no se ofrece un servicio de calidad al ciudadano.


El proceso de certificación culmina con la Resolución de Certificación correspondiente y la concesión de un "Sello de Excelencia", en función del modelo utilizado para la autoevaluación y del nivel de excelencia comprobado por la DGPP. El procedimiento para la certificación del nivel de excelencia de las organizaciones de las Administraciones Públicas está regulado por la Resolución de 18 de junio de 2009, del Consejo Rector de la extinta Agencia Estatal de Educación de las Políticas Públicas y Calidad de Servicios (AEVAL) (B.O.E. de 14 de julio).


En conclusión, se abre una vía con el próximo “Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España” para adoptar medidas concretas encaminadas a conseguir una Administración hidráulica eficaz y ágil, que se adapte a las necesidades hídricas y de gestión de los usuarios. Lo cual tiene que ir acompañado, de una vez por todas, de profundas reformas normativas de simplificación de los procedimientos que afectan al dominio público hidráulico, de organización interna y de personal dentro de la Administración hidráulica, así como de un dialogo asertivo con los representantes de los usuarios, con voz y voto.










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