Novedades sobre autoconsumo en la propuesta de directiva relativa al fomento de energía procedente de fuentes renovables

 

El paquete de invierno presentado por la Comisión Europea el pasado 30 de noviembre de 2016 incorpora un amplio conjunto de medidas que afectan a distintos ámbitos de la política energética de la UE, desde el mercado interior de la energía eléctrica a la eficiencia energética o la innovación tecnológica en energías limpias. Entre las medidas presentadas por la Comisión se incluye una propuesta de Directiva relativa al fomento de la energía procedente de fuentes renovables, con una innovadora regulación sobre autoconsumo de energía eléctrica.

 

La propuesta de Directiva, que realiza una referencia expresa al autoconsumo en su objeto y ámbito de aplicación (artículo 1), lleva a cabo una definición amplia de los autoconsumidores en su artículo 2, de acuerdo con la cual éstos son consumidores activos que consumen, almacenan y venden la energía generada en sus propias instalaciones, con inclusión de aquellos consumidores que desarrollen una actividad comercial siempre y cuando la generación y comercialización de energía eléctrica no constituya su principal actividad empresarial o profesional.  

 

En lo que se refiere a las vertientes económica y administrativa de la actividad, la propuesta de Directiva presentada por la Comisión Europea contempla tres aspectos regulatorios especialmente interesantes y novedosos (recogidos en cada uno de los apartados del precepto).

El primero de ellos consiste en la obligación para los Estados miembros (art. 21.1) de garantizar el derecho a la venta de la energía eléctrica excedentaria generada en las instalaciones de los “prosumidores”. Un derecho que debe ser ejercido por los autoconsumidores sin soportar cargas desproporcionadas, manteniendo los derechos propios de los consumidores sin que tener la consideración de suministradores (siempre y cuando se respeten determinados límites de energía vertida a la red[i]) y obteniendo una remuneración por la energía excedentaria inyectada que refleje el valor del mercado.

 

El segundo aspecto regulatorio destacable (art. 21.2) consiste en que esta previsión resulta extensible al caso del denominado “autoconsumo colectivo”, es decir, de varios consumidores individuales conectados a una misma instalación de generación eléctrica. En este supuesto los límites respecto de la energía inyectada a la red deberán aplicarse sobre cada autoconsumidor individualmente considerado.

 

Finalmente, la propuesta contempla la posibilidad (art. 21.3) de que la instalación de autoconsumo sea gestionada por un tercero.  

 

Esta propuesta de Directiva, que de aprobarse constituirá el primer acto legislativo de la Unión que regule de forma específica el autoconsumo de energía eléctrica, incorpora muchas de las recomendaciones ya realizadas por la Comisión Europea en el mes de julio de 2015 en el documento de trabajo “Best practices on Renewable Energy Self-consumption”[ii] que acompañó a la comunicación de la Comisión “Establecer un nuevo acuerdo para los consumidores de energía”[iii]. En dicho documento, esta institución europea ya adelantaba la necesidad de permitir el autoconsumo en bloques de apartamentos o el almacenamiento descentralizado de la energía generada.

 

En lo que se refiere a nuestro ordenamiento jurídico, la adopción de la Directiva en los términos propuestos implicaría importantes modificaciones sobre la vigente regulación del autoconsumo en España que se contiene en el artículo 9 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y el RD 900/2015. Ello sería así tanto en lo que se refiere a la propia definición de la actividad (artículo 9.1 de la LSE) como a la posibilidad de vender la energía eléctrica sobrante (restringida en nuestro país a los autoconsumidores cuyas instalaciones estén inscritas en el registro de instalaciones de producción) o el autoconsumo colectivo, práctica esta última expresamente prohibida en el artículo 4.3 del RD 900/2015. Es más, la incorporación a nuestra legislación de la propuesta de Directiva obligaría a introducir modificaciones en el artículo 6 de la LSE, relativo a los sujetos que intervienen en las actividades destinadas al suministro eléctrico, en el que habría de incluirse una previsión específica sobre los autoconsumidores acorde a la caracterización que de éstos se hace en la mencionada propuesta de Directiva.   

 

Sin embargo, es de esperar que mucho antes de que la propuesta de Directiva se apruebe y transcurra el plazo para que sea objeto de transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales, el legislador español establezca una nueva regulación para esta actividad anticipándose a las exigencias del Derecho europeo y, en general, equiparando la ordenación de esta actividad a la establecida en las legislaciones de numerosos países de nuestro entorno. De tal forma que, por ejemplo, España deje ser el único país de los estudiados por la Agencia Internacional de la Energía en el que no se remuneren o compensen los excesos de electricidad vertidos a la red por los autoconsumidores con instalaciones de menor potencia[iv].  

 

[i] 10MWh/año si se trata de consumidores domésticos y 500 MWh/año para el caso de las personas jurídicas.

 

[ii] SWD(2015) 141 final

 

[iii] COM(2015) 339 final

 

[iv] Vid. Review and analysis of PV self-consumption policies, Report IEA-PVPS T1-28:2016.

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